Primeras acciones de Junta Directiva 2022-2023
Respecto de la agenda legislativa sobre la cual la Presidente del Congreso de la República estará enfocando su atención al frente del Organismo Legislativo, consistente en apoyar los temas de salud, educación, desarrollo de las mujeres, de la niñez y la adolescencia, apoyo al adulto mayor y reactivación económica del país, analistas opinan que para destacar esos logros será imperativo el diálogo y alcanzar acuerdos a lo interno de la Junta de Jefes de Bloque, de modo que se logre una agenda integral.
Analistas políticos ven viable dicha agenda legislativa, siendo el caso que remarcan los logros de la actual Presidente del Congreso al consensuar que se aprueben, a pocos días de su posesión como tal, cuatro decretos, siendo algunos de ellas iniciativas enfocadas al tema de educación (Ley de Disposición para la baja de Bienes Muebles inservibles en los Centros Educativos Públicos, Decreto No. 2-2022), así como el aumento en la pensión de los adultos mayores y la ampliación de cobertura (beneficiarios) para que también más adultos mayores puedan recibir dicha pensión, mediante reformas que se aprobaron a la Ley del Adulto Mayor (Decreto No. 4-2022). A su vez, se ha incorporado a la agenda, la discusión en segundo debate de la Ley de Insolvencias (declaratoria de quiebra por parte de entidades o personas físicas), la que prevén se apruebe en tercer debate, por artículos y redacción final la primera semana de febrero.
Elecciones y designación de funcionarios para la dirección de instituciones clave durante el año 2022, estarán en la mirilla pública
La elección de: 1) Fiscal General de la Nación y Jefe del Ministerio Público; 2) Procurador de los Derechos Humanos; 3) Contralor General de Cuentas de la Nación; y, 4) la designación del Procurador General de la Nación, a juicio de analistas políticos será objeto de una marcada fiscalización por parte de diversos grupos de la sociedad civil, con el objeto que al frente de dichas instituciones se elija profesionales probos, honestos y capaces, que a su vez estén alejados de señalamientos que los vinculen al gobierno, a los diputados y a grupos organizados que estén vinculados con actos de corrupción.
En voz de los analistas, se considera esencial la fiscalización que sobre el particular realicen los diversos sectores, considerándose el momento adecuado para realizar cualquier acción de esa índole. Pese a ello, estiman que gracias a acciones como no iniciar acción penal contra diversos funcionarios actuales vinculados a actos de corrupción o el retiro de la acción penal en contra de funcionarios de anteriores administraciones, la actual Fiscal General de la Nación, podría estar asegurando un nuevo período al frente de esa institución, o en su caso, podría llegar a ocupar dicho puesto el actual Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar, quien desde que inició el gobierno se ha plegado a los lineamientos que le ha señalado el Presidente de la República, olvidando de ese modo que su rol es como asesor de las instituciones del Estado, y no solamente como asesor del Presidente de la Nación, aparejado a la circunstancia de la cercanía que tiene con la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Leyla Lemus, por lo que podría llegarse a convertir en el candidato con mayor perfil para ser nombrado por parte del Presidente de la República al frente de aquella institución.
En relación a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, la cual propone al Pleno del Congreso la terna de candidatos para elegir al profesional que dirigirá la Procuraduría de los Derechos Humanos, los analistas criticaron que dicha Comisión sea presidida por el diputado de Valor, Antonio Arenales Forno, toda vez que señalaron que durante su gestión al frente de la COPREDEH, durante el gobierno de Jimmy Morales, hubo retroceso por parte del Estado en esa materia. La relevancia de ocupar la Presidencia de esa Comisión se produce debido a que a dicho diputado le corresponde marcar los tiempos y lineamientos que deban observarse para la postulación ante el Pleno de aquel funcionario, aparejado al hecho que al haber quedado dicha comisión en manos de un bloque legislativo afín al gobierno de la República, permitirá a éste, así como a las bancadas aliadas, postular candidatos afines.
De igual manera, señalaron que habrá de observarse cómo se desenvolverá la Comisión al estudiar los curricula de los profesionales que presenten su interés para estar al frente de dicha institución. La Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos estará integrada por los diputados Antonio Arenales Forno, Presidente; Aníbal Rojas, Vicepresidente; Julio César López, Secretario.
Analistas consideran que los grupos de sociedad civil buscarán ser incluidos en el tema de fiscalizar la probidad, capacidad y honestidad del funcionario que llegue a dirigir la Procuraduría, con la finalidad que dicho funcionario se dedique a la defensa de los derechos humanos y no a intereses particulares.
Distribución de Comisiones y designación de Presidentes de Comisión
Según analistas, los bloques aliados al partido de gobierno (VAMOS, UNE [una fracción], UCN, VIVA, VALOR, FCN y BIEN [una fracción]), así como el PAN, HUMANISTAS, PODEMOS, TODOS, CREO, UNIONISTAS, PROSPERIDAD CIUDADANA, estarán ocupando la Presidencia de 33 comisiones. Dentro de éstas las más relevantes serían: a) Finanzas; b) Educación; c) Gobernación; d) Derechos Humanos; e) Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas; f) Asuntos Electorales; g) Economía y Comercio Exterior; h) Legislación y Puntos Constitucionales; i) Salud y Asistencia Social; j) Relaciones Exteriores; k) Asuntos Municipales; l) Migrantes; m) Energía y Minas. Por su parte, los partidos opositores quedaron al frente de las Comisiones siguientes: 1) Pueblos Indígenas; 2) menor y la familia; 3) integración regional; 4) asuntos sobre discapacidad; 5) juventud, mismas que no tienen ningún grado de relevancia en el actuar legislativo.