Dinámicas del Organismo Judicial

Instrumentalización del sistema de justicia

Analistas opinan que las acusaciones y el proceso penal contra  la jueza Ericka Aifán y su eminente orden de captura,  es una muestra del comportamiento del Sistema de Justicia, el cual responde de forma ágil a los interés de grupos que ostentan poder tanto de esferas públicas como en manos de cualquier ciudadano con la capacidad de incidir en lo político; situación que la convierte en un instrumento de control que puede ser utilizado por quien ofrezca mejores beneficios.

Este caso continúa mostrando la pérdida de temor por sanciones de la comunidad internacional, al ignorar todo el apoyo internacional recibido en especial por Estados Unidos a través del embajador en Guatemala, los comunicados desde el Departamento de Estado, así como de las agencias de ese país, como de Naciones Unidas.

La salida de Aifán a criterio de expertos tendrá impactos directos e indirectos entre los cuales identifican:

  • Impacto en el crédito externo: coincidió la presencia en Guatemala de las calificadoras de riesgo de país días posteriores a la salida de Aifán y el desarrollo del proceso de elección de los candidatos a Fiscal General, aspectos que seguramente serán considerados al momento de evaluar la certeza jurídica y el imperio de la ley, con lo que presuntamente se obtendrá una baja calificación y por lo tanto la imagen de país se verá afecta en consecuencia los créditos externos aumentaran las tasas de interés.
  • Atraso en la diligencia de los casos a su cargo, y peligro de que quede impunes.
  • El ambiente judicial se verá afectado, en algunas judicaturas se observara mayor hermetismo por temor a persecución y otras asumirán posturas triunfalistas con sensación de impunidad, con lo que probablemente los usuarios de justicia se verán sometidos a sobornos con mayor frecuencia.
  • Mayor judicialización del proceso electoral en su mayoría ocasionada por los mismos contendientes que ostentan poder para expulsar a sus oponentes de la contienda electoral, con lo que aumentarán los casos en los que los tribunales de justicia y la Corte de Constitucionalidad (CC) tendrán la última palabra en quiénes serán candidatos, cómo lo harán y finalmente quienes asumirán  a cargos públicos como a  la Presidencia de la República, diputaciones y alcaldías;  utilizando el amparo como vía para ese fin, ya que legalmente toda apelación de amparo es conocida por la CC, incluso los planteados contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE).