Cambios en legislación que impactan sector económico:

Críticas a la Ley de Fortalecimiento del mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica.

 

Según señalan analistas, mientras se discutían y aprobaban reformas a diversas leyes, subsidios al gas propano y a los combustibles, los diputados no dejaban de cejar sus esfuerzos para viabilizar la aprobación de la iniciativa de ley que dispondría aprobar el fortalecimiento del mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, mediante la cual se amplía el presupuesto general de Ingresos y Egresos del Estado para el presente ejercicio fiscal en Q.3,191,242,500, provenientes de disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, destinados a entidades que dependen del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.  Sobresale por parte de analistas, que este dinero será destinado a la Dirección General de Caminos -DGC-, a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- (Q.1,748,670,146.10), a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- (Q.120,000,000); y, al Fondo Social de Solidaridad -FSS- (Q.35,762,500).

 

Los analistas manifiestan, respecto de quienes dirigen esas dependencias del MICIVI, que en el caso de COVIAL, ésta la dirige el Ingeniero Mario Gustavo Aguilar Alemán, ex Director de la Autoridad para el Manejo del Lago de Amatitlán (AMSA) durante la gestión del Presidente Jimmy Morales Cabrera.  Además, comentan que el Ingeniero Aguilar Alemán tiene dos hermanos que laboran para la constructora Beralva -una empresa contratista de COVIAL, de la que es propietaria Berta Alicia Vargas-, siendo ellos: Gerber Estuardo y Boris Ronaldo.  Respecto del segundo, se tiene conocimiento que es financista del Partido VAMOS; a su vez, fue candidato a Síndico Titular en la postulación que el Partido VAMOS presentó para alcanzar la Alcaldía de Mixco, pero no resultó electo.  Respecto del Fondo Social de Solidaridad, señalan los analistas, se encuentra al frente del mismo el Licenciado Manuel Alfonso Castellanos Alonzo, ex subsecretario de Coordinación y Administración de CONRED (2021); exviceministro administrativo de Enrique Degenhart (2018) [eventual candidato presidencial del Partido Unionista] y ex Director General del Congreso de la República durante el período de Oscar Chinchilla Guzmán (2017).

 

 

Semilla presenta iniciativa de ley que aprueba moratoria de las licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minería metálica

 

Según analistas, la iniciativa presentada el pasado 17 de marzo, por parte de diputados del Partido Semilla, la cual aprueba moratoria de las licencias de reconocimiento, explotación y exploración de minería metálica, procura incrementar al 51%, el porcentaje que en concepto de regalías deben pagar las empresas mineras al Estado.  Refieren los analistas que ese partido político presentó dicha iniciativa derivado de la conflictividad generada en torno a la Mina Fénix en el Estor, Izabal, propuesta que se suma a las 6 iniciativas de ley que se han presentado a lo largo de 25 años, para modificar el porcentaje que en concepto de regalías deben pagar dichas entidades al Estado de Guatemala, iniciativas que están engavetadas en el Congreso de la República. 

 

Cabe mencionar, según los analistas, que al día de hoy, aunque no es un tema públicamente comentado, las empresas mineras realizan el pago de porcentaje de tres por ciento, sustentadas legalmente en un acuerdo de regalías voluntarias suscrito entre sus representantes y el electo presidente Otto Pérez Molina, en 2012, previo a su toma de posesión como Presidente de la República y no en disposición legal contenida en ley, por cuanto que la Corte de Constitucionalidad, en resolución contenida en expedientes números 1-2015, 6-2015, 7-2015, 44-2015, 68-2015, 71-2015, 101-2015, 118-015 y 167-2015, habría dispuesto la expulsión del ordenamiento jurídico del artículo 61 del Decreto Número 22-2014, mediante el cual se había introducido reformas al artículo 63 de la Ley de Minería, Decreto Número 48-97 del Congreso de la República, por lo que no se encuentra vigente la disposición legal que establece el porcentaje que el Estado puede exigir a las empresas mineras en concepto de explotación de minerales y materiales de construcción.