Agenda Legislativa:

Congreso de la República, operador del botín electoral

Según expertos, debido a lagunas existente en la propia Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se habría identificado cierto mecanismo a lo interno del Congreso que viabilizaría el traslado de recursos a sectores claves para el oficialismo en la próxima contienda electoral. Dicho mecanismo operaría de la siguiente forma: Las propuestas de ley de interés del Ejecutivo son regularmente presentadas por diputados del oficialismo con alta cercanía a Junta Directiva, la que asigna a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para que emita dictámenes de forma expedita (promedio de 48 horas), los que son enviados al Pleno para su aprobación en un tiempo bastante corto (promedio de semana y media).  Cabe mencionar que el Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda es el diputado Cándido Fernando Leal, quien ha utilizado su cargo para dictaminar de forma express las iniciativas de interés económico para el gobierno o para su interés propio; muestra de lo anterior es que este diputado, junto al diputado Juan Francisco Mérida Contreras, tienen lazos laborales, comerciales y de amistad con la entidad Constructora GT5, S.A. entidad de la cual su propietario es el señor Herbert Federico Gregg Turk, que se ha visto favorecida entre los años 2016 a 2020 con 23 contratos que se habrían realizado con municipalidades y la USAC, y durante el presente gobierno, particularmente en 2021, con 15 contratos celebrados con el MICIVI, por un monto aproximado de Q13,644,634.91).

Un caso que evidenciaría el modelo de emisión de dictámenes y aprobación de iniciativas de forma expedita, según analistas, lo constituye la aprobación de la iniciativa de ley que dispone aprobar el fortalecimiento del mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, por alrededor de Q.3.2 millardos (iniciativa 6043, Decreto Número 21-2022), en la que se asignaron recursos al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y por consiguiente, a los ejecutores de obra asignados por ellos, que serán los financistas del próximo evento electoral; en similar situación estaría la iniciativa 6068 que contiene reformas a la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el presente ejercicio fiscal, mediante la cual se le suprimen controles al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para medir el avance de los proyectos y que la asignación de fondos a cualquier municipalidad a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo, aunque retornen al fondo común, no sean utilizados por el Estado para otros fines, constituyendo de ese modo un efecto acumulador de presupuesto en las municipalidades, lo que significaría más fondos para ejecución de éstas, con menos controles, en detrimento de la obra pública, en la que se ejecuta el menor número de recursos, y por consiguiente, mayor cantidad de fondos para ser utilizados por los contratistas, en calidad de financistas, durante el proceso electoral.