COORDINACIÓN ENTRE SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
Las relaciones entre la empresa privada y el gobierno comienzan a colocarse en un ambiente tenso, con un gobierno que dice una cosa y hace algo distinto a lo que dice, con una agenda política que no es la de la empresa privada, que pide a gritos como lo dijo el Presidente de COHEP el señor Mateo Yibrin que se trabaje una agenda económica que permita la atracción de inversiones y la generación empleos.
Es evidente que la empresa privada hondureña se ha visto por temor reducida en sus posiciones, ha venido tratando como parte de su estrategia temas económicos, sin comprender que al gobierno no le interesa los temas de la empresa privada; con muchos planteamientos realizados a las autoridades de gobierno como una nueva ley de Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre Ventas, ley de Monotributo, reformas para la promoción del empleo parcial, simplificación administrativa, entre otras medidas, el gobierno hace eco de las propuestas de la empresa privada.
Es una empresa privada representada en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que han esta siendo calculadora con muchas precauciones y temores en salir al ámbito mediático a exponer que no esta de acuerdo con la forma como esta llevando las políticas el gobierno, que no esta de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente.
Si bien se mantiene una comunicación muy fluida entre el COHEP y Héctor Manuel Zelaya y el Expresidente Zelaya, así como con la Ministra de Finanzas Rixi Moncada como principales actores de gobierno, todos ellos indican que el COHEP no se preocupe pero en la practica se dan cosas que perjudican a la empresa privada.
Recientemente tenemos caso como el de la empresa minera, Minerales de Occidente (MINOSA/AURA) que vence su concesión de 40 años en enero del 2023, manifestando las autoridades que ellos en su plan de gobierno quedo establecido que no continuarían con la minería a cielo abierto, colocando en una situación de inseguridad jurídica una empresa con mas de 40 años en el país y que paga anualmente cerca de 700 millones de lempiras (30 millones de dólares).
Igual situación vive la empresa Aquafinca que es la empresa de cultivo de tilapia en la represa hidroeléctrica el Cajón propiedad de la empresa nacional de energía eléctrica (ENEE) que se le venció su contrato el 27 de enero de 2022 y actualmente esta operando la concesión sin ningún tipo de respaldo legal, lo que genera inseguridad jurídica a esta empresa que tiene operando en Honduras desde inicio de los años 2000.
El Estado ha manifestado tener una política publica que debe ser participe de toda explotación privada que haga uso de los recursos públicos del Estado, política similar a la implementada por Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, lo cual mantiene muy preocupados a los empresarios hondureños, generando un ambiente de desconfianza poco propicio al clima de inversiones.