Agenda Legislativa:

Inexistencia de agenda prioritaria a proponer por Presidencia y Junta Directiva del Congreso

Sobre la inexistencia de una agenda prioritaria a proponer por parte de Presidencia y Junta Directiva del Congreso, para su aprobación por parte de los diputados, analistas señalan que es claro que lo que ese Organismo de Estado ha venido aprobando es la agenda que no pudo negociar para su aprobación el anterior Presidente del Congreso, Allan Estuardo Rodríguez. Los analistas consideran que la actual Junta Directiva, lejos de tener una agenda propositiva, buscaría en el marco de la agenda de leyes, identificar cuáles de las iniciativas que ya habían iniciado la corriente de aprobación, son las que generarían menos confrontación entre diferentes sectores, esto con la finalidad de traer cierta estabilidad y soporte político a su período presidencial y al mismo Congreso de la República.

Lo anterior, consideran los analistas, se vuelve terreno fértil para la discusión de propuestas de ley que sean beneficiosas para diferentes sectores, las que empatarían con estabilidad política y acercamiento con sectores clave que la Presidente y Junta Directiva del Congreso estén promoviendo.  En ese marco de ideas, los analistas concluyen que si se quisieran hacer acercamientos para la aprobación de determinadas leyes, es buen momento para hacerlo por parte de los sectores interesados y colocan como ejemplo de ello, la virtual aprobación de reformas a la Ley Constitutiva del Ejército, iniciativa 6027, la que a diferencia de otras iniciativas que iban en la misma línea, presentadas en la legislatura anterior (períodos legislativos 2017 y 2018), no pudieron alcanzarse durante 4 años los consensos para su aprobación.  En el caso de ésta última, se presentó al Congreso el 9 de febrero, fue leída en el Pleno el 15 de febrero, dictaminada el 16 de febrero, y conocida en primero y segundo debates el 22 y 23 de febrero, con miras a aprobarse como Ley, la primera semana del mes de marzo.

 

Proceso de elección de Fiscal General evidencia 4 candidatos con mayores posibilidad de resultar electos para ocupar el cargo.

En el marco del proceso de elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, analistas manifiestan que de los candidatos que continúan en la contienda, después de excluir a otros participantes, 5 de ellos son los que parecen tener más posibilidad de quedar incluidos en la nómina de 6 candidatos a remitir al Presidente de la República, siendo ellos: 1. Oscar Miguel Dávila Mejicanos, Jefe de la Comisión Presidencial contra la Corrupción de este Gobierno, Ex Viceministro de Gobernación de Antinarcóticos durante el Gobierno de Jimmy Morales; 2. Jorge Luis Donado Vivar, Procurador General de la Nación; 3. María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General y Jefe del Ministerio Público; y, 4. Henry Alejandro Elías Wilson, señalado de tener relaciones de amistad con Gustavo Alejos, al extremo de haber sido acusado de ser partícipe en el caso conocido como Comisiones Paralelas 2020; 5. José Enrique Urrutia Estrada, ex candidato a la Alcaldía de Fraijanes (FCN/Nación), quien tenía entre sus integrantes del Concejo Municipal a Daniel Rustrián, este último, funcionario de la Presidencia de la República del Gobierno de Alejandro Giammatei, y quien cuenta con el apoyo de Shirley Rivera para ser el candidato a Alcalde de Fraijanes. 

Los analistas resaltan que la Comisión de Postulación se encuentra alineada en el sentido de procurar que respecto de los elegibles se les pueda exigir continuismo en la forma en la que en los últimos meses ha estado trabajando el Ministerio Público, al extremo que hay un marcado interés por que al Presidente de la República no se le ponga en una difícil situación cuando se le remita en la lista de postulados, profesionales que tengan una forma diferente de pensar en relación a cómo se está desenvolviendo últimamente esa institución, de modo que permita a los diferentes sectores contrarios a dicho actuar, exigir el nombramiento de esas otras personas.  Igualmente, señalan los analistas, de este modo, se pretendería que quien finalmente resulte nombrado, impida cualquier intención que se tenga de realizar actividades de investigación y persecución penal en contra de los funcionarios que hoy están al frente de las diversas instituciones del Estado, y de seguir defenestrando el trabajo realizado por la FECI, en tiempos de Thelma Aldana y el de la CICIG.