Iniciativas de impacto

Iniciativas con impacto económico

Evaluaciones de riesgo

La llegada de las calificadoras de riesgo en Guatemala para recoger insumos necesarios en la evaluación de país coincidió con días previos del autoexilio de la jueza Aifán y durante el desarrollo del proceso de elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, con la cuestionada participante de la actual Fiscal, Consuelo Porras.  Situaciones que a criterio de analistas son apreciadas a nivel internacional como síntomas de un sistema de justicia ineficiente, débil y cooptada por interés individuales.

A criterio de expertos estos hechos pueden afectar las calificaciones riesgo del país posiblemente por ser consideras como señales de inestabilidad política que puedan afectar  la estabilidad macroeconómica, adicional al aspecto remarcado tradicionalmente que es la baja carga tributaria señalado por años. Con lo probablemente  se vería impactada la atracción extranjera, tan necesaria para la recuperación rápida del país tras la crisis sanitaria.

La iniciativa de ley 5820 “Ley para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo  

La iniciativa de ley 5820 fue propuesta por el Organismo Ejecutivo en 2020, en su momento contó con el respaldo de personeros de la embajada de Estados Unidos, sin embargo consultores indican que este fue retirado por los actuales que detectaron deficiencias en la implementación de la misma como riesgos de causar el efecto deseado, impunidad.

Desde  su presentación la Superintendencia de Bancos promueve públicamente su contenido. Expertos observan con preocupación,  entre otros aspectos, la propuesta contenida en su texto de reformar el artículo 391 del Código Penal (delito de terrorismo), la cual a su criterio contiene una confusión entre terrorismo y financiamiento al terrorismo, además de sobre legislar acciones ya reguladas con lo que probablemente se generarían dificultades para perseguir penalmente ese delito favoreciendo a quienes realicen esos actos con altas probabilidades de quedar impunes.

Además su contenido crea más sujetos obligados a la debida diligencia de control y fiscalización, entre ellos a los notarios que autorizan personas jurídicas (sociedades, asociaciones, fundaciones, ongs, etc). Ley que de ser aprobada puede convertirse en otro motivo más para perseguir penalmente a abogados que además de litigar también ejercen el notariado sin sustento legal, para presionar a ciertos clientes de estos que le fueran incómodos a gobernantes de turno.