Caso de impacto

De vuelta a la justicia de los 90

Una de las primeras acciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad fue modernizar el marco jurídico, introducir herramientas legales que permitieran facilitar las acusaciones e introducir elementos del derecho premial, como por ejemplo la figura del colaborador eficaz, la extinción de dominio, y juzgados de mayor riesgos entre otros, opinan consultores.

A este respecto, expertos estiman que diversos intereses y actores, especialmente los sometidos a procesos penales o quienes tengan algun temor de serlo en el futuro, coinciden en eliminar de la legislación guatemalteca o debilitar la misma todo ese marco legal que contribuyó a llevar ante la justicia a funcionarios por la supuesta comisión de delitos relacionados con corrupción y a ex militares por delitos de genocidio o de lesa humanidad, buscando la impunidad.

Sugieren que para lograr ese objetivo cuentan supuestamente con diferentes apoyos de funcionarios que forman parte de instituciones clave, tales como el Ministerio Público, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y parte del Consejo de la Carrera Judicial. Ejemplifican esta situación con el caso de antejuicio contra el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez,  en el que el denunciante, la Fundación contra el Terrorismo, no fue objeto de agravio alguno por Gálvez, además de carecer indicios reales de la comisión de un delito, situación que debió de haber sido valorada por la Corte Suprema de Justicia para su rechazo.

Asimismo, consideran que ese asedio sufrido por el juzgador se ha intensificado e incrementado desde que asumió al Ministerio Público Consuelo Porras, tiene varias intencionaes: a) afectar su independencia judicial, b) motivar su auto exilio para instalar en su cargo un juez fácil de influenciar, c) causar temor y distracción factores que podrían influir en la emisión de los fallos, y d) enviar mensaje al resto de los juzgadores de mayor riesgo.  

Estiman que existe altas probabilidades de que se generen las mismas condiciones que las vivida por la jueza Aifán o peores y sea obligado a tomar una decisión similar a su colega. Se especula que el siguiente blanco de hostigamiento será Jazmín Barrios, para allanar el camino a disponer de todos los cargos en el grupo de esos juzgados y ocupar las plazas vacantes, trasladando o nombrando a personas afines a los intereses de terceros, paralelamente los jueces que forman parte de la agrupación Jueces por la Integridad de la que también pertenecen Gálvez y Barrios,, el juez que denunció a Blanca Stalling.   

Resaltan también los intentos por dejar sin efecto las declaraciones presentadas por los colaboradores eficaces, que son piezas claves en las acusaciones de delitos relacionados con corrupción, pero más allá de su importancia en los procesos identifican la estrategia de desmotivar el uso de ese instrumento jurídico para que los principales perpetradores de delitos no sean delatados; como es el caso de Carlos Monzón.

Recientemente también empezó a atacarse la extinción de dominio, figura que ha sido utilizada especialmente para despojar a los narcotraficantes de sus bienes adquiridos con fondos ilícitos. Buscando que esta herramiente quede en desuso incluso ser declarada inconstitucional. Recalcan que todas estas acciones han sido revestidas de una aparenteformal  legalidad con la venida de la Corte Suprema de Justicia y más seguido contará con  la de la Corte de Constitucionalidad, en las que ejercen entre otros su poder el actual gobierno, miembros del Partido Patriota y del extinto Líder.

A su criterio, cada acción de este tipo es perjudica la objetividad e imparcialidad con que se debe aplicar la justicia; abonan a generar condiciones de autoritarismo y de retroceso a un sistema de justicia como en la década de los años 90, situación que no abona a la certeza jurídica y aleja la inversión extranjera.