Mapa de poder judicial
La recién aprobada Ley de la Carrera Judicial, devuelve el control casi total a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre los jueces, en especial a la Presidenta del Organismo Judicial, Silvia Patricia Valdéz. Consultores indican que ella junto con la magistrada Vitalina Orellana ejercen el poder de nombramiento y traslado para sustituir jueces incómodos de ciertos tribunales, enviándolos a lugares remotos o de diferente materia a su especialidad. Para ubicar a juzgadores afines a cualquierda de las dos o a ambas, es así como incidencia en la independencia de estos al momento de fallar. Además, recalcan que ambas son magistradas de carrera, lo cual tienen conocimientos prácticos de las debilidades y fortalezas de la carrera judicial que da la experiencia y que también les ha generado capital social entre los mismo juzgadores dándoles ventajas sobre el resto de sus colegas y garantizando cierto grado de impunidad al dejar el cargo ya excedido en el tiempo.
Asimismo, identifican como los jueces complacientes con las togadas a los juzgadores de primera instancia penal del quinto al onceavo juzgado de esa rama, destacando a Víctor Cruz entre ellos, quien ha dictado fallos polémicos en casos de corrupción, recientemente el último fallo de este tipo fue el dictado sobreseimiento en el caso de Blanca Stalling, quien fuera acusada por otro juzgador de intentar influir en el caso de su hijo.
A excepción de Delia Dávila y María Eugenia Morales, los analistas opinan que desde hace algún tiempo la gratitud del resto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha sido manifiesta para quienes lo eligieron, recordando que fueron electos por el Partido Patriota y el Libertad Democrática Renovada (Líder).
Es por esto que esitman que ante el posible retorno de Manuel Baldizón a Guatemala, y quien tiene dos procesos pendientes en el país, el primero por el Caso Odebrecht, tramitado en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo del juez suplente Edwin Ramírez (con poca experiencia), tras la renuncia de la jueza Erika Aifán. Y el segundo caso es el “Financiamiento Líder 2015”, por financiamiento ilícito, lavado de dinero u otros activos, falsedad ideológica con agravación electoral y asociación ilícita. Este proceso lo conoce el Juez “B” del Juzgado Undécimo, Juan Carlos González García quien supuestamente forma parte de los jueces influenciables por las magistradas, por lo que estiman que existen posibilidades que Baldizón cuente con cierta garantía de no ser condenado o de exitir una leve con posibilidad de ser conmutable, por los delitos que se le sindican, así como de gozar medidas sustitutivas de la prisión preventiva.